September 4, 2003

September 4, 2003 | WebMemo on Latin America

¿Ha Muerto Neoliberalismo En América Latina?

Obituarios erróneos no son nada nuevo.  Una vez el gran escritor norteamericano Mark Twain leyó un comentario periodístico de su supuesto muerte y fue obligado a notar que "los informes de mi fallecimiento han sido exagerados."  Y es así con la suposición popular de que el neoliberalismo ha pasado de moda en América Latina.  No sólo está vivo, sino que unos elementos centrales-como la libertad política y económica-no han sido totalmente realizados.

"Neoliberalismo" es uno de esos términos canasta que significan, lamentablemente, cosas distintas a distintas personas.  Para los marxistas, ahora buscando una causa nueva, quiere decir políticas que enriquecen corporaciones multinacionales a la misma vez que pisan a los pobres del mundo y destruyen el medio ambiente.  Para los antiglobalistas, es el expansionismo de los países occidentales.  Para los fundamentalistas económicos, es la infalibilidad del concepto del mercado.

Porque ninguna de estas definiciones admite matices y nadie está de acuerdo de lo que puede significar "neo" en el término, quizá sería mejor examinar el estado del liberalismo en América Latina y sus columnas gemelas, la democracia y mercados libres.  De hecho, neoliberalismo deriva del liberalismo clásico de los filósofos moralistas del siglo 18, quienes propusieron que los individuos deben ser libres para hacer lo que quieren y pueden comprar lo que desean y vender propiedad de su gusto sin interferencia del Estado.

Lento progreso en América Latina
Por razones históricas, el liberalismo y sus columnas de apoyo, la democracia y los mercados libres, vinieron tarde a muchos Estados latinoamericanos y han tenido historias difíciles en otros.  Tradiciones centrales como la creencia de que la soberanía queda en el Estado nacional y que sólo los líderes fuertes pueden establecer orden parecían razonables en el momento de independencia cuando elites europeas eran el Estado en muchos sentidos y regían una población no educada.

Pero inmigración seguida, logros de educación y la necesidad de competir con el progreso económico de otros países llevaron cambios que desafiaron esas tradiciones.  En partes de la región que han vivido durante mayor parte de su historia bajo la dictadura, una ola de democracia y reformas preliminares basadas en el mercado pasó rápidamente en los años ochenta.  Ahora, todos los Estados americanos, con la excepción de Cuba, tienen elecciones competitivas y regímenes de comercio exterior más liberalizados.

Mas países que han sido democracias alrededor de los margines, han logrado avances en la protección de derechos humanos, libertad de expresión, y en esfuerzos preliminares de descentralización de la autoridad gobernante.  Aún la Organización de Estados Americanos, una vez un club de dictaduras, ya es un poderoso foro para promover las libertades políticas y económicas a través de cambios democráticos.

Pero el colapso fiscal de Argentina, conflictos internos en Guatemala, y desacuerdo fomentado por el comportamiento dictatorial del presidente Hugo Chávez, de Venezuela, y caos en la nominal democracia de Haití, han hecho parecer que el liberalismo ha sido probado y está por ser rechazado por los pueblos de la región.  Mientras los datos de sondeos de opinión pública de la firma Latinobarómetro muestran que los latinoamericanos favorecen claramente la democracia por encima de todos los otros sistemas, son muy desilusionados por los resultados.

Eso porque la democracia y mercados libres-los dos pilares de liberalismo-sólo han pasado por la primera generación de reformas-las elecciones de oficiales públicas y el reemplazo de estrategias económicas de sustituir importaciones con comercio más abierto al exterior.  Sin una evolución contínua, hay poco más que estas reformas pueden lograr para resultar en sociedades más libres y prósperas.

Más allá de las elecciones
Para que la democracia logre más, hay mucho que hacer para redefinir el propósito de autoridad, mejorar la representación de los ciudadanos y establecer el estado de derecho.  Antiguas estructuras de tiempos autoritarios todavía marchan en contra de libertades mayores.  Incluyen:

  • Burocracias "cuello de botella," poderosas instituciones nacionales centralizadas que intentan controlar una vasta gama de actividades, desde mantener a un ejército hasta reparar baches en las calles de los más pequeños caseríos.  Se dedican más a perpetuar su propia existencia que a proteger libertades o hacer el trabajo del pueblo.  Típicamente, grandes volúmenes de decisiones deben pasar por una pequeña cantidad de manos, que asegura que el gobierno se mueve a la velocidad de un caracol.  Poderosos presidentes y ministerios frecuentemente tratan de imponer agendas que no se identifiquen con los deseos del pueblo o tratan de tomar decisiones sin tener contacto cercano con fuentes primarias de información.  Muchas veces usurpan la autoridad de oficiales locales mientras poderes legislativos y judiciales débiles fracasan en controlar sus excesos.
  • Políticas piñata.  El gobierno nacional es el mayor o único recolector de impuestos.  Provincias y municipalidades usualmente no tienen autoridad de recibir tributos y deben confiar en transferencias para financiar sus operaciones.  Aunque las transferencias pueden ser distribuidas con base en necesidades, favoritismo o agendas políticas pueden manifestarse en el proceso de toma de decisiones.  Mas las transferencias vienen con cuerdas y no son contables a la ciudadanía local.
  • Representación falsa.  Por la región, legisladores no representan directamente al propio pueblo, porque la cadena de responsabilidad está bloqueada por fórmulas electorales complejas.  En la mayoría de los países, los líderes de partidos, no los electores, escogen a los candidatos quienes son puestos en listas y elegidos por la proporción de votos recibidos por cada partido.  En lugares como Colombia y Paraguay, los senadores son elegidos por todos los ciudadanos, no de los de un solo departamento o distrito.  En Nicaragua, recientes cambios constitucionales dejan a los presidentes salientes y a los perdedores de elecciones presidenciales un escaño en la Asamblea Nacional sin ser elegidos.  Los senadores y diputados mexicanos sólo pueden quedar por un período.  Así los electores no pueden premiarles con otro turno si son exitosos en sus labores, o destituirlos si hacen mal trabajo.
  • Públicos pasivos.  Sumisión al liderazgo fuerte limita incentivos para que los ciudadanos participen en decisiones públicas, quitando así un freno para reducir los excesos de los gobernantes.  En México los políticos todavía ofrecen compromisos, pero son aversos a presentar alternativas específicas a los electores.  Un miembro de la administración de Vicente Fox se quejó recientemente, "el público no espera ser consultado en cómo hacer las cosas.  La mayoría quiere creer que sus líderes simplemente harán las cosas mejor."
  • Imperios de impunidad.  Públicos pasivos dejan a los políticos considerable latitud para tomar decisiones con impunidad siempre que cumplan unos pocos compromisos.  Les dejan distanciarse del alcance de las leyes si cometen crímenes y les dejan aplicar las mismas contra los desamparados, contra los que no pagan sobornos y contra sus propios oponentes.  El investigador venezolano Carlos Sabino ilustra el punto que por faltar un estado de derecho, los alemanes de la República de Weimar eligieron democráticamente uno de los más notorios tiranos de la historia-Adolfo Hitler.  Del mismo modo, sin contrato social, los ciudadanos de Haití y Venezuela son rehenes de los decretos arbitrarios y el comportamiento caprichoso de autoritaristas electos, aunque su paciencia está por acabar.

Libre comercio no basta
La abertura de mercados una vez cerrados al comercio con el exterior, controles sobre deudas públicas y la privatización de industrias estatales ineficaces no son suficientes para establecer una economía del mercado libre ni capitalismo, aunque el último recibe la culpa por cualquier fracaso de reformas parciales.  Estas y otras medidas, conocidas como el "consenso de Washington," fueron adoptadas en América Latina en los primeros años noventa y por un tiempo ayudaron a reducir los déficit y aumentar la inversión extranjera.  Las economías crecieron donde las tarifas fueron bajadas, pero la pobreza y el desempleo incrementaron, aun si se pasan por alto los conflictos en los países andinos del norte.

Con seguridad, el récord económico pudiera haber sido mucho peor sin estas reformas, pero el progreso verdadero no es posible hasta que la estructura en que se fundamentan las economías de la región sea verdaderamente liberalizada.  Las razones son:

  • Competencia restringida.  La mayoría de las economías siguen cerradas internamente para proteger los intereses comerciales de una minoría elite, mientras que los miembros de la clase media y los pobres son aplacados por medio de programas sociales.  Códigos comerciales complicados y acceso al crédito limitado mantienen competidores prospectivos acorralados e incapaces de emprender empresas nuevas.  Mientras, un alza de libre comercio con el exterior rinde beneficios a las industrias ya establecidas y contribuye al crecimiento económico, la misma no crea puestos de trabajo suficientes para absorber los incrementos de la población de trabajadores.
  • Regulación excesiva.  Pasos complejos para establecer empresas legales que toman meses y hasta más de un año, mantienen afuera a todos excepto a los que tengan recursos financieros para navegar el sistema, según estudios de Hernando de Soto, del Instituto Libertad y Democracia de Lima, Perú.  Estiradas leyes laborales que mandan aguinaldos y pagos del término de empleo excesivos en la ausencia de un programa de seguros de desempleo, impactan injustamente a las pequeñas empresas que no pueden pagar estos costos.  Sólo los negocios con casi o completo poder de monopolio pueden sobrevivir en un ambiente tan hostil.
  • Mal diseño de tributos y derechos de propiedad débiles.  Excesivos impuestos de valor agregado, aunque fáciles de recolectar, elevan los costos de productos y reducen las ventas.  Había países que sacaban impuestos de sus exportaciones, limitando aún más el crecimiento económico.  En la región, la inadecuada protección de derechos de propiedad dificulta el proceso de registrar bienes raíces, negando a los pobres la posibilidad de vender propiedad o usarla como garantía para obtener crédito.
  • Sobras de la mesa para los pobres.  Subsidios y techos artificiales para los precios compensan en parte el desempleo y la informalidad de los pobres.  Estos programas consumen grandes porciones del presupuesto nacional y nunca facilitan que los pobres hagan la transición de recipientes de beneficios a pagadores de impuestos.  En los Estados Unidos, la llamada "Guerra contra la Pobreza," un programa compasivo del Presidente Lyndon Johnson, proporcionó muchos beneficios a los pobres, pero sin incentivos para que regresaran a trabajar.  Por eso, ayudó a crear una clase permanente de dependientes de bienestar estatal.  En pocos países latinoamericanos se encuentra beneficios tan generosos, al mismo tiempo que faltan climas de comercio suficientemente receptivos para incentivar a nuevos empresarios a participar en la economía legal.

La carretera adelante
A pesar de que el liberalismo no ha muerto en América Latina, se encuentra en riesgo de no tener éxito siempre que la democracia y los mercados libres sean parcialmente adoptados.  Y mientras regímenes autoritarios parecen estar emergiendo con alarmante frecuencia, suele decirse que los caudillos y su populismo son dinosaurios en una edad de interdependencia internacional, comercio en expansión y mercados ya globales.

Para que el liberalismo florezca, los logros democráticos deben marchar mas allá de las elecciones para colocar la autoridad en su propio lugar-al servicio a los individuos libres.  Los gobiernos deben ser descentralizados para que las autoridades de niveles locales, distritales y nacionales puedan manejar sólo los asuntos que corresponden a ellos según sus pericias.  El liderazgo ejecutivo debe ser balanceado por poderes legislativos y judiciales de igual fuerza.

La representación en asambleas nacionales debe ser directa y mayormente atada a un distrito.  Sería mejor que los comicios, no los líderes de partidos, decidan quién se postule para un cargo en las elecciones generales.  Y los ciudadanos deben reclamar alternativas y explicaciones, no promesas indefinidas de sus líderes y representativos.

Para estimular crecimiento económico y extender la prosperidad a los pobres, los países de la región deben simplificar los códigos comerciales con objeto de minimizar la interferencia del Estado en el comercio, con la excepción de proporcionar incentivos para la creación de empresas nuevas y asegurar un buen clima para la competitividad.  A través de los esfuerzos de Hernando de Soto y su instituto, Perú emprendió un sistema de registro de empresas que redujo los trámites de 289 días a uno.  Los costos se disminuyeron de US$1.200 a US$174.  Como resultado, entre los años 1991 a 1997 se crearon más de 500,000 puestos de trabajo.

Los impuestos de valor agregado deben ser minimizados con impuestos de ingreso corporativos y personales de carácter sencillo, justo y bajo.  Nadie debe equivocarse como los Estados Unidos en complicar el sistema de tributos con un exceso de tasas diferentes, excepciones, y trámites incomprensibles.  Finalmente, deben ser revisadas las leyes laborales para eliminar pesadas obligaciones que disuaden a los dueños de pequeñas empresas de emplear más trabajadores.

Los regímenes autocráticos se parecen padres que cuidan niños que nunca salen de la casa, mientras que Estados liberales les dan la oportunidad de pasar a adultos y elaborar sus propios sueños.  Los líderes autoritarios todavía son atractivos para muchos pobres en la región, para quienes sus personalidades fuertes y carismáticas parecen ofrecer la única esperanza de cambio.  La democracia y los mercados del liberalismo no serán alternativas viables hasta que las reformas para establecerlos no sean plenamente implementadas.  La prosperidad verdadera será posible cuando todos los ciudadanos latinoamericanos puedan disfrutar de derechos y oportunidades iguales para ganar pan, aspirar a un oficio público, o emprender su propio negocio.

Stephen Johnson es Analista de Asuntos Latinoamericanos de La Fundación Heritage, un centro de investigación en Washington, DC.

About the Author

Stephen Johnson Senior Policy Analyst
The Kathryn and Shelby Cullom Davis Institute for National Security and Foreign Policy

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