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Economic Freedom Project Report #01-05 on Trade and Economic Freedom

November 1, 2001

Comercio: La mejor forma de proteger el medio ambiente

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El Congreso pronto considerará el proyecto de ley H.R. 2149, conocida como la Ley de Autoridad para la Promoción del Comercio (TPA, Trade Promotion Authority). Conforme a esta autoridad, el Congreso se limita a solamente aprobar o rechazar, sin efectuar enmiendas, los acuerdos negociados por la Administración, con lo cual se amplía la facultad del Presidente para negociar acuerdos comerciales. La TPA es importante porque garantiza a los socios comerciales de Estados Unidos que los tratos hechos con negociadores estadounidenses no sufrirán modificaciones por medio de las enmiendas del Congreso. Sin esa garantía, muchos países no están dispuestos a negociar con EE.UU.

Uno de los grandes desafíos que enfrenta la aprobación de la TPA es la preocupación entre algunos miembros del Congreso por el hecho de que el libre comercio pueda generar una "carrera hacia el fin" de la protección ambiental. Nada podría estar más alejado de la verdad. Las naciones pobres no pueden darse el lujo de dar prioridad a la protección del medio ambiente antes que a los bienes de primera necesidad como los alimentos o el cuidado de la salud. Si las naciones pobres tienen que aumentar la protección ambiental, primero deben aumentar su riqueza. El libre comercio es un componente necesario para acelerar el crecimiento económico, y, por lo tanto, es de importancia fundamental para proveer los medios económicos que permitan a los países adoptar medidas destinadas a mejorar la protección al medio ambiente.

COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE

Algunos grupos ambientalistas se oponen a que se otorgue al Presidente la autoridad para promover el comercio por temor a que los acuerdos de libre comercio sean perjudiciales para el medio ambiente. Estos grupos, por lo tanto, insisten en que la TPA exija que las partes involucradas mantengan normas ambientales mínimas y que las mismas se hagan cumplir mediante sanciones comerciales obligatorias a aquellos que las infrinjan.

Si bien el objetivo de los grupos ambientalistas es loable, su estrategia no dará como resultado una mayor protección al medio ambiente entre los socios comerciales de Estados Unidos, sino que reducirá las posibilidades de negociar futuros acuerdos de libre comercio, ya que pocos países están dispuestos a dejar que EE.UU. dicte sus políticas ambientales internas.

Incluso el lenguaje del acuerdo de libre comercio de Jordania, que requería que cada país aplique sus propias leyes ambientales o que estén sujetos a los mismos mecanismos de solución de conflictos y a las mismas sanciones que corresponden a una violación de un acuerdo comercial, es inaceptable para muchas naciones. En lugar de promover la causa de la protección ambiental, esta estrategia simplemente castigará a los consumidores estadounidenses y extranjeros, quienes se podrían haber beneficiado con los precios más bajos de los bienes comerciados internacionalmente.

Aun cuando los acuerdos comerciales fuesen forjados con las restricciones ambientales que buscan los que se oponen a la TPA, es probable que, en lugar de promoverla, socaven la protección ambiental en países en desarrollo. Los países que tienen mayores ingresos tienen más posibilidades de afrontar los costos de la protección ambiental. La imposición de dichos estándares sobre las naciones más pobres las coloca frente a una encrucijada: pagar la protección ambiental o pagar productos de primera necesidad como los alimentos o la atención de la salud.

Según lo ilustra el Dr. Alan Moghissi, Presidente del Institute for Regulatory Science, en su testimonio ante la Comisión de Asesoramiento para las Instituciones Financieras Internacionales (la Comisión Meltzer), "¿Cómo se le explica a un padre que vive en la selva tropical brasileña, que es pobre, tiene hijos enfermos y tiene hambre, que no debe cortar árboles porque puede afectar a la biodiversidad?".1 Hasta que no se aborde el tema subyacente de la pobreza, agrega el Dr. Moghissi, "la pobreza [será] el equivalente a una exposición al contaminante más tóxico."2

La clave para incrementar la protección ambiental en las naciones en desarrollo es incrementar el crecimiento económico. A medida que el nivel de vida de un país sube, producto de la liberalización económica y la expansión del comercio, su industria cuenta con mayores recursos para controlar las emisiones y sus ciudadanos tienen más ingresos para destinarlo hacia la mejora de la calidad ambiental.

El libre comercio es un componente central para aumentar el crecimiento económico. Al abrir los mercados y generar más oportunidades de negocios, el libre comercio fomenta el crecimiento de la economía recompensando la toma de riesgos, permitiendo un incremento en las ventas, los márgenes de ganancias y la participación en el mercado. Las empresas pueden decidir seguir construyendo sobre la base de esas ganancias, expandiendo sus operaciones, el ingreso a nuevos sectores del mercado y la creación de empleos mejor remunerados".3

La liberalización total de la economía, comenzando con una política comercial abierta, es la estrategia de preservación ambiental más efectiva porque, junto con el libre comercio, conlleva directamente a la aceleración del crecimiento económico. Específicamente, la evidencia demuestra que:

  • Las sociedades más ricas tienen más posibilidades de exigir e implementar una mayor protección ambiental, porque cuentan con más recursos para cubrir los costos de esas políticas. Estas sociedades no sólo están mejor preparadas para financiar la protección ambiental, sino que también han demostrado desear esa protección, deseo que aumenta a medida que crecen los ingresos.4 Esta relación está respaldada por la exhaustiva evidencia publicada por el National Bureau of Economic Research. Gene M. Grossman y Alan B. Krueger, por ejemplo, llegaron a la siguiente conclusión:

    La polución parece elevarse cuando el PBI está en bajos niveles de ingresos, pero a la larga alcanza un pico máximo, y luego disminuye con el PBI en niveles más altos de ingresos... Observamos que el crecimiento económico produce una fase inicial de deterioro seguido por una fase subsiguiente de mejoría.5

    Además, Estados Unidos es un ejemplo de la elasticidad del gasto destinado a la protección ambiental. Debido a que los ingresos han crecido las últimas tres décadas, EE.UU. ha aumentado el "gasto real del gobierno y las empresas destinado al medio ambiente, y la protección de los recursos naturales se ha duplicado".6

  • Los países con economías libres generalmente poseen una política ambiental más sostenible. En enero de 2001, el Foro Económico Mundial (WEF, World Economic Forum), el Centro para la Red Internacional de Información sobre la Ciencia de la Tierra (CIESIN, Center for International Earth Science Information Network) y el Centro para la Ley y la Política Ambientales de la Universidad de Yale publicaron un índice de Sostenimiento Ambiental (ESI, Environmental Sustainability Index).7 Este índice asigna un número del 0 al 100 al estado del medio ambiente de un país; el cero corresponde a un sostenimiento bajo y el 100 a uno alto. Este número representa el éxito que ha obtenido un país al hacer frente a los desafíos ambientales y al cooperar con otros países en el manejo y la mejora de los problemas ambientales comunes.

    El Gráfico 1 ilustra la relación entre los puntajes del ESI y del índice de Libertad Económica 2001 de The Heritage Foundation y Wall Street Journal. El gráfico muestra una fuerte relación entre la libertad económica y el sostenimiento ambiental. Cuanto más libre es la economía, mayor es el nivel de sostenimiento ambiental.

    Estados Unidos es un clásico ejemplo del impacto beneficioso que tiene la libertad económica sobre el medio ambiente. Durante décadas, este país ha sido campeón de la economía libre mientras que, simultáneamente, ha mantenido, en promedio, uno de los medio ambientes más limpios del mundo.


  • Los países que tienen políticas de inversión y comercio abiertas generalmente tienen niveles más elevados de sostenimiento. El libre comercio y la inversión que usualmente lo sigue son dos fuentes importantes de crecimiento económico. Por consiguiente, una política comercial abierta y condiciones favorables para los negocios no solamente aumentarán el crecimiento, sino que también proporcionarán los medios para proteger el medio ambiente.

    The Heritage Foundation calculó un "índice de Apertura del Comercio" basado en el índice de Libertad Económica 2001 haciendo un promedio del puntaje asignado a factores como la política comercial, los derechos de propiedad, los flujos de capital e inversión extranjera y las regulaciones. El Gráfico 2 ilustra la relación entre el índice de Apertura del Comercio y el índice de Sostenimiento Ambiental. En los países que poseen una economía abierta al comercio, el puntaje promedio de sostenimiento económico es más del 30 por ciento de los puntajes de los países que tienen economías cerradas al comercio.

    Lo que demuestra el Gráfico 2 es que la liberalización económica es compatible con altos niveles de calidad ambiental. Además, no existe evidencia que indique que el sostenimiento económico disminuya a medida que aumenta la liberalización de la economía, si bien diversos estudios han señalado un descenso inicial de los estándares ambientales a medida que los ingresos crecen.8

    Como se indicara anteriormente, si en los acuerdos de libre comercio se incluye estándares de protección ambiental obligatorios, se socavarán las perspectivas de mejorar los estándares ambientales en los países en desarrollo que son socios comerciales de Estados Unidos. Al reducir la probabilidad de que estos países celebren acuerdos de libre comercio con EE.UU., los requisitos ambientales también reducen la probabilidad de crecimiento económico y, por consiguiente, su capacidad para financiar la protección ambiental.

QUÉ SE DEBE HACER

Luchar por imponer regulaciones ambientales a los socios comerciales de EE.UU. constituye una estrategia que debilita las perspectivas de eliminar barreras al comercio y de fomentar el crecimiento económico necesario para que los países adopten y hagan cumplir la protección al medio ambiente. Por esta razón, el Congreso de EE.UU. debería:

  • Otorgar al Presidente una autoridad para la promoción del comercio que no contenga cláusulas sobre el medio ambiente. Los acuerdos de libre comercio y la protección al medio ambiente no tienen por qué estar enfrentados. Sin embargo, la estrategia de los algunos activistas ambientalistas que consiste en utilizar los acuerdos de libre comercio para imponer estándares ambientales a las naciones en desarrollo básicamente no condice con el libre comercio. Las sanciones y las barreras comerciales automáticas no tienen lugar dentro de los acuerdos de libre comercio, cualquiera sea el objetivo que se desee alcanzar.

    Incluso más importante es que la imposición de estándares ambientales a través de los acuerdos comerciales de hecho socavaría los esfuerzos por elevar los estándares en las naciones en desarrollo. Esto se debe a que reduce la probabilidad de que estos países celebren acuerdos con EE.UU., con lo cual también se reducen las perspectivas de lograr el crecimiento necesario para mejorar y sustentar el medio ambiente. Si contara con una TPA sin restricciones, el Presidente podría impulsar el libre comercio y, con él, un medio para que los países puedan aumentar la protección de su medio ambiente de una forma sustentada a medida que su nivel de vida vaya subiendo.

  • Atender los problemas ambientales en forma separada de los acuerdos de libre co-mercio. Los asuntos relacionados con el medio ambiente deberían tratarse separados de los acuerdos de libre comercio o bien hacerlo mediante acuerdos paralelos, como se hizo con el Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA). Estos acuerdos ambientales, sin embargo, no deben socavar de ninguna manera el libre comercio. Los países pueden comprometerse a cumplir sus propios estándares ambientales e ir mejorándolos a medida que vayan obteniendo los recursos para afrontar el costo de esa protección. Si un país no cumpliera sus propios estándares, es preferible un sistema de multas o indemnización compensatoria9 antes que la aplicación de sanciones comerciales de ningún tipo. De esta manera, ambos países pueden abordar y cooperar en los problemas comunes sin socavar su propósito principal: impulsar el libre comercio.

    Si mantiene al comercio libre de la carga que implican los temas ambientales, el Congreso puede preparar el terreno para que los países en desarrollo aumenten su riqueza y sigan los pasos de las naciones más ricas, que adoptaron la protección al medio ambiente a medida que fueron obteniendo los recursos para costearla.

CONCLUSIÓN

Los esfuerzos por imponer normas ambientales más estrictas mediante sanciones comerciales o mediante la imposición de regulaciones por medio de acuerdos comerciales son inútiles y contraproducentes. Los países en general, pero en particular aquellos en vías de desarrollo, pueden proteger su medio ambiente sólo si sus economías prosperan y el nivel de vida de sus habitantes mejora.

La forma más segura de promover políticas ambientales sostenibles en todo el mundo es aumentar el crecimiento económico y el nivel de vida en los países pobres. El crecimiento de la economía se logra con una mayor liberalización económica, que incluye el libre comercio. En consecuencia, aquellos a los que realmente les interesa la protección al medio ambiente deberían apoyar una autoridad para la promoción del comercio que sea efectiva para el fomento del libre comercio.

Ana I. Eiras es Analista de Política Económica para América Latina y Brett D. Schaefer es Fellow Jay Kingham en Asuntos Regulatorios Internacionales, en el Centro de Comercio Internacional y Economía (CITE) de The Heritage Foundation. Esto estudio apareció originalmente en Inglés como Backgrounder Nº 1480, "Trade: The Best Way to Protect the Environment", 27 de septiembre 2001.

 

Notas

1. A. A. Moghissi, "Testimony Before the Commission of International Financial Institutions", 17 de noviembre de 1999, disponible en Institute for Regulatory Science, Columbia, Maryland.

2. Ibid.

3. Denise H. Froning, "The Benefits of Free Trade: A Guide for Policymakers", Heritage Foundation Backgrounder Nº 1391, 25 de agosto de 2000, pág. 4.

4. Ver Gene M. Grossman y Alan B. Krueger, "Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement", National Bureau of Economic Research, NBER Working Paper Nº W3914, noviembre de 1991; ver también Jagdish Bhagwati, "Trade and the Environment: The False Conflict?", en Durwood Zaelke, Paul Orbuch y Robert F. Housman, eds., Trade and the Environment: Law, Economics, and Policy (Washington, D.C.: Center for International Environmental Law, 1993), págs. 159-190.

5. Gene M. Grossman y Alan B. Krueger, "Economic Growth and the Environment", National Bureau of Economic Research, NBER Working Paper Nº W4634, febrero de 1994, pág. 14.

6. Daniel T. Griswold, "Trade, Labor, and the Environment: How Blue and Green Sanctions Threaten Higher Standards", Cato Institute Trade Policy Analysis Nº 15, 2 de agosto de 2001, pág. 10, en /static/reportimages/9C7B5030E8E7F76299A2B92E4F559B7D.pdf.

7. índice de Sustentabilidad Ambiental del Foro Económico Mundial, el CIESIN y el Centro para la Ley y las Políticas Ambientales de la Universidad de Yale, enero de 2001, en http://www.ciesin.columbia.edu/indicators/ESI/.

8. Gene M. Grossman y Alan B. Krueger analizaron la relación entre los indicadores ambientales (concentración de polución del aire en ciudades, mediciones del estado del régimen de oxígeno en las cuencas de ríos y concentraciones de contaminantes fecales y de metales pesados en las cuencas de ríos) y el nivel de ingreso per cápita de un país. El análisis reveló que el crecimiento económico va acompañado, al principio, de un deterioro de las condiciones ambientales pero enseguida mejora a medida que aumenta el ingreso per cápita. Según Grossman y Krueger, "Los virajes decisivos de los distintos contaminantes varían, pero en la mayoría de los casos se presentan cuando un país alcanza un ingreso per cápita de $8000. Ver Grossman y Krueger, "Economic Growth and the Environment", pág. 14.

9. La "indemnización compensatoria" es un sistema que ya está siendo contemplado bajo las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Bajo este sistema, si un país no cumple con sus obligaciones según la OMC, y luego se niega a implementar esas políticas en cuestión en conformidad con los requerimientos de la OMC, debería ser obligado a que introduzca una liberalización "compensatoria" en alguna otra área. Las violaciones a un acuerdo comercial firmado bajo dicho sistema originarían una expansión del comercio y no una contracción.

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