PRINCIPIOS GENERALES Y RECOMENDACIONES PARA
REFORMAR
En
Noviembre de 1998, como parte de la legislación que
autorizaba la provisión de U$S 18,000 millones en fondos
adicionales de los Estados Unidos para el Fondo Monetario
Internacional, el Congreso formó la Comisión de
Asesoramiento para las Instituciones Financieras Internacionales,
para que asesore a los Estados Unidos sobre qué
política seguir con respecto a siete instituciones
internacionales: el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Grupo
Banco Mundial (el Banco), el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), el Banco
Africano de Desarrollo (BAfD), el Banco de Pagos Internacionales
(BPI), y la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El
ambiente económico en el cual los fundadores suponían
que el FMI y el Banco funcionarían no existe más. El
sistema de tipos de cambio fijo pero ajustables (pegged), que dio
al FMI su razón de ser, dejó de existir entre 1971 y
1973, luego de que el Presidente Nixon interrumpiera la venta de
oro de los Estados Unidos. En lugar de ofrecer recursos de corto
plazo para financiar los déficits de la balanza de pagos
bajo un sistema de tipos de cambio fijo, el FMI funciona ahora en
un rol mucho más amplio: como un administrador de las crisis
financieras en los mercados emergentes, como un prestamista a largo
plazo para muchos países en desarrollo y países
ex-comunistas, como un asesor y consejero de muchas naciones, y
como un coleccionista y diseminador de datos económicos de
los 182 países miembros.
Capitalizando su experiencia de la
década de 1930, los fundadores del Banco creyeron que el
sector privado no proporcionaría a los países en
desarrollo una provisión adecuada de capital. El Banco,
junto con los bancos de desarrollo regional, quiso compensar este
déficit en el flujo de recursos. Con el desarrollo y la
expansión de los mercados financieros globales, el capital
que proviene del sector privado hoy empequeñece el volumen
de los préstamos que los bancos de desarrollo hayan otorgado
o puedan otorgar en el futuro. Y, contrariamente a la
presuposición inicial, la mayoría de las crisis en el
cuarto de siglo pasado involucran un excesivo--y no un
deficiente--otorgamiento de préstamos, particularmente de
corto plazo, que resultaron ser altamente volátiles.
La
frecuencia y severidad de las crisis recientes generan dudas sobre
el sistema de control de crisis en vigencia, así como sobre
los incentivos para las acciones privadas que el sistema estimula y
apoya. El FMI no le ha prestado suficiente atención al
mejoramiento de las estructuras financieras en países en
desarrollo, y le ha prestado demasiada atención a costosos
programas de rescate. Su sistema de control de crisis a corto plazo
es demasiado costoso, sus respuestas, demasiado lentas; sus
consejos, frecuentemente erróneos; y sus esfuerzos para
influir en las políticas y las prácticas de los
países, demasiado entrometidos.
Muchas operaciones de los bancos de
desarrollo se caracterizan también por sus altos costos y su
baja efectividad. La autoevaluación del Banco Mundial sobre
su propio desempeño en África reveló un
índice de fracaso de un 73%. En promedio,
solouno de cada cuatro programas obtuvo resultados satisfactorios y
sostenibles. Al reducir la pobreza y promover la creación y
el desarrollo de mercados y estructuras institucionales que
faciliten el desarrollo, los registros del Banco Mundial y los
bancos de desarrollo regional dejan mucho espacio para realizar
mejoras.
Los objetivos de la Comisión
En
1945, Estados Unidos adoptó una definición de los
"intereses de una nación" que no tiene precedente. Estados
Unidos definió su posición desde el punto de vista de
la paz y la prosperidad del resto del mundo. Diferenció los
conceptos de interés y control. Este era el espíritu
que creó las Instituciones Financieras Internacionales y que
guió el trabajo de la Comisión. El crecimiento
económico global, la estabilidad política y la lucha
contra la pobreza en el mundo son parte del interés nacional
de los Estados Unidos.
La
Comisión cree que la actuación del FMI, el Banco, y
los bancos regionales mejoraría considerablemente si cada
institución fuera más responsable y centrara su
atención más claramente en una serie de objetivos
limitados pero importantes. Además, el FMI, el Banco y los
bancos regionales deberían modificar sus operaciones para
reducir al mínimo las oportunidades de corrupción en
los países receptores.
La
responsabilidad, los logros, la efectividad y la reducción
de la corrupción no se alcanzarán por medio de la
esperanza, la exhortación y la retórica. Los
programas deben ser reestructurados para modificar los incentivos
tanto para los receptores como para las instituciones benefactoras.
Cada institución debería tener funciones diferentes
que no repitan las responsabilidades y actividades de otras
instituciones. El FMI debería continuar siendo un
administrador de crisis bajo nuevas reglas que incentiven a los
países miembros a incrementar la seguridad y la solidez de
sus sistemas financieros. Para el Banco y los bancos regionales, se
debería hacer hincapié en la reducción de la
pobreza y en el desarrollo, y no, como en el pasado, en el volumen
de los préstamos.
FMI
El FMI
debería actuar como un cuasi prestamista de última
instancia para las economías emergentes. Sin embargo, sus
operaciones de préstamo deberían limitarse a la
provisión de liquidez (esto es, fondos a corto plazo) a
gobiernos miembros solventes cuando se cierren los mercados
financieros. Los préstamos por liquidez deberían
tener un vencimiento a corto plazo, tener una tasa punitoria
(más alta que la tasa más reciente en el mercado del
prestatario) y estar garantizados claramente por el activo del
prestatario. Los prestatarios no pagarían voluntariamente la
tasa punitoria si los mercados financieros les prestaran exigiendo
las mismas garantías; de esta forma, recurrirían en
menor grado al FMI. El mismo funcionaría como un prestamista
de reserva para prevenir el pánico o las crisis. Excepto en
circunstancias especiales, en las que la crisis representara una
amenaza para la economía global, los préstamos
deberían darse sólo a países en crisis que
hayan cumplido las pre-condiciones que generan una solidez
financiera. En tanto los préstamos del FMI se limiten a
préstamos por liquidez de corto plazo, respaldados por unas
pre-condiciones que garanticen solidez financiera, no habría
necesidad de establecer una larga lista de condiciones (que
frecuentemente incluye docenas de ellas), la cual ha entorpecido
los programas del FMI en los últimos años, y ha hecho
que dichos programas se tornen difíciles, altamente
conflictivos, con tiempos de negociación excesivos y
generalmente ineficaces.
Cuatro
de las pre-condiciones propuestas para obtener la asistencia por
liquidez que recomendamos son: Primero, limitar la
corrupción y reducir el riesgo a través del aumento
de la diversificación de sus inversiones; los países
miembros elegibles deben permitir, de manera gradual, por un cierto
período de años, que instituciones financieras
extranjeras tengan libertad de ingresar y operar en el país.
Numerosos hechos históricos recientes demuestran que las
economías de los mercados emergentes se beneficiarían
con una mayor estabilidad, una estructura financiera más
segura y mejores habilidades para la dirección y el mercado
introducidas por una presencia más importante de
instituciones financieras extranjeras en sus países. Un
sistema bancario competitivo limitaría el uso de los bancos
locales para la financiación de "proyectos favoritos", o de
préstamos con términos favorables a gruposfavoritos,
reduciendo así la frecuencia de futuras crisis
financieras.
Segundo, para alentar un comportamiento
prudente, seguridad y solidez, todo país que tome dinero
prestado del FMI debe publicar, regular y puntualmente, la
estructura de vencimientos de su deuda soberana y garantizada
pendiente, y los restantes pasivos que no aparecen en el balance.
Los prestadores necesitan información precisa sobre el
volumen de las deudas a corto plazo para evaluar correctamente los
riesgos que están tomando.
Tercero, los bancos comerciales deben estar
adecuadamente capitalizados, seapor una posición accionaria
significativa, de acuerdo con los estándares
internacionales, o por deudas subordinadas de entidades no
gubernamentales ni afiliadas. Además, el FMI en
colaboración con el BPI debería establecer nuevos
parámetros para asegurar un manejo adecuado de la liquidez
de los bancos y otras instituciones financieras de manera que
reduzcan la frecuencia de las crisis ocasionadas por un repentino
retiro de créditos a corto plazo.
Cuarto, el FMI debería establecer
requisitos fiscales apropiados para asegurarse que sus recursos no
sean usados para financiar políticas presupuestarias
irresponsables.
Para
dar tiempo a los países para que se ajusten a estos
incentivos para la reforma financiera, las nuevas normas
deberían ser introducidas gradualmente durante un
período de cinco años. En caso de ocurrir una crisis
dentro de dicho período debería permitirse a los
países, que tomen fondos prestados del FMI con un
interés superior a la tasa punitoria.
El
mantenimiento de un presupuesto estabilizador y de políticas
de crédito es mucho más importante que la
elección de un régimen de tipo de cambio. La
Comisión recomienda que los países eviten los
sistemas de tipos de cambio fijos o ajustables. El FMI
debería utilizar su consultoría sobre
políticas para recomendar o bien el uso de tipos de cambio
firmemente fijados (sistema de convertibilidad,
dolarización) o bien los tipos de cambio flotantes. Ni los
tipos de cambio fijos ni los flotantes son apropiados para todos
los países por igual en todo momento. La experiencia
demuestra, sin embargo, que los sistemas mixtos como los tipos de
cambio fijos (pegged) o fijos pero ajustables aumentan el riesgo y
la severidad de las crisis.
La
asistencia estructural a largo plazo para apoyar la reforma
institucional y las políticas económicas
sólidas serían responsabilidad del Banco y los bancos
regionales. El FMI debería cesar de otorgar créditos
a países para promover el desarrollo a largo plazo (como en
Africa sub-sahariana) y para transformaciones estructurales a largo
plazo (como en las economías de transición
post-comunistas). El Plan de Ajuste Estructural Mejorado y su
sucesor, el Servicio de Crecimiento y Reducción de la
Pobreza, deberían ser eliminados.
El FMI
debería dar por cancelados en su totalidad sus reclamos
contra todos los países pobres altamente endeudados que
implementen una estrategia de desarrollo económico eficaz en
conjunción con el Banco Mundial y las instituciones de
desarrollo regional.
Manteniendo su postura acerca de que el FMI
debe reducir la cantidad de préstamos que otorga, la
Comisión no recomienda que haya más aumentos de las
cuotas en el futuro cercano. Los recursos actuales del FMI
deberían ser suficientes para cumplir con sus
responsabilidades de cuasi prestamista de última instancia,
especialmente en tanto los créditos actuales pendientes
estén siendo pagados al FMI.
Los bancos de desarrollo
En la
entrada de la casa central del Banco Mundial en Washington, un
enorme cartel reza: "Nuestro sueño es un mundo sin pobreza".
La Comisión comparte esos objetivos como una meta a largo
plazo. Desafortunadamente, ni el Banco Mundial ni los Bancos de
Desarrollo Regional llevan a cabo una serie de actividades que
podrían prestar más ayuda para que el mundo se
moviera rápidamente hacia ese objetivo, o siquiera hacia una
meta menor, aunque más fácilmente alcanzable, de
elevar los niveles y calidad de vida, particularmente para los
habitantes de las naciones más pobres del mundo.
Colectivamente, el grupo del Banco Mundial
y sus tres contrapartes regionales emplean 17,000 personas en 170
oficinas alrededor del mundo, han obtenido 500,000 millones de
dólares en capital de los tesoros fiscales nacionales,
mantienen una cartera de préstamos de 300,000 millones de
dólares y cada año extienden préstamos por un
total de 50,000 millones de dólares a miembros en
desarrollo.
Existe
una amplia brecha entre la retórica y las promesas de los
Bancos y sus actuaciones y logros. El Banco Mundial es un ejemplo
de ello. Al mantenerse en la misión de aliviar la pobreza en
el mundo en desarrollo, el Banco alega concentrar sus
préstamos en los países con mayor necesidad de
asistencia oficial debido a la pobreza y a la imposibilidad de
acceder a los recursos del sector privado. Esto no es tan
así. El 70 por ciento de los recursos que no están
destinados a la asistencia se dirigen a 11 países que gozan
de un acceso significativo a los flujos de capitales privados.
Las
instituciones regionales se superponen con el Banco Mundial de
diversas maneras. Compiten por los fondos de los países
donantes, los clientes y los proyectos. Sus oficinas locales se
encuentran a menudo en las mismas ciudades. Los bancos regionales
repiten la estructura organizativa del Banco Mundial, que se
concentra en los préstamos subsidiados y las
garantías a los gobiernos, los créditos con cero
interés a los miembros más pobres, y los
préstamos, garantías y capital en acciones para las
operaciones del sector público. Recientemente, el Banco
Mundial expandió sus sucursales, aumentando la
duplicación y la posibilidad de conflicto en las regiones.
La Comisión no obtuvo ninguna explicación razonable
acerca de por qué se eligió hacer esta
expansión tan costosa en lugar de una cooperación
más cercana con los bancos regionales y una confianza mayor
en los empleados de los bancos regionales.
Todos
los bancos operan a nivel nacional, definiendo sus objetivos dentro
de la nación en lugar de hacerlo sobre la región o de
manera global. Sus patrones de préstamo durante los
últimos tres años son muy similares: a los mismos
países y para los mismos propósitos. Los cuatro o
seis solicitantes de préstamo con mayor mérito, todos
con posibilidad de acceder fácilmente al mercado de
capitales, reciben la mayor parte del flujo de los recursos no
destinados a la asistencia: 90% en Asia; 80-90% en África;
75-85% en América Latina.
El
desempeño es una de las principales preocupaciones de la
Comisión. Terminar o reducir la pobreza no es fácil.
Los bancos de desarrollo no pueden tener éxito en su
misión a menos que los países elijan instituciones y
políticas gubernamentales que apoyen el crecimiento. Los
gobiernos de los países en desarrollo deben estar preparados
para realizar cambios institucionales que promuevan una mejora de
las condiciones sociales, premien la innovación y el ahorro
interno, y atraigan capitales extranjeros. Para favorecer un
ambiente que lleve al crecimiento económico, los bancos de
desarrollo deben cambiar sus incentivos internos y los incentivos
que ofrecen a los países en desarrollo.
El
proceso de evaluación de proyectos en el Banco mundial
obtiene una baja calificación en credibilidad: criterios
equivocados combinados con una mala elección del momento
justo. Los proyectos son evaluados según tres medidas:
resultado, impacto del desarrollo institucional y capacidad de
autosostenimiento. Este último, fundamental para el progreso
en el mundo en desarrollo, recibe un peso promedio ínfimo
del 5% en la evaluación general. Los resultados se miden en
el momento del desembolso final de los fondos. La evaluación
debería ser un proceso repetido a lo largo de muchos
años, incluso bastante después del desembolso de
fondos en caso de que se cuente con un historial de las operaciones
realizadas.
Los
Bancos raramente retornan para inspeccionar el éxito de los
proyectos o evaluar la autosostenimiento de los resultados. Luego
de auditar un 25% de sus proyectos, el Banco Mundial revisa solo un
5% de sus programas de 3 a 10 años después del
último desembolso para ver el impacto general de la
política. Aunque los bancos de desarrollo destinan abultados
recursos a monitorear la obtención de los insumos, hacen muy
poco para medir la efectividad de los resultados en el tiempo
Recomendaciones para los bancos de
desarrollo.
Para
funcionar más eficientemente, los bancos de desarrollo deben
transformarse de prestadores intensivos de capital a fuentes de
asistencia técnica, proveedores de bienes públicos
regionales y globales, y facilitadores de un creciente flujo de
recursos del sector privado a los países emergentes. Su meta
común debería ser reducir la pobreza, pero sus
responsabilidades individuales deberían estar bien
diferenciadas. Su esfuerzo mancomunado debería alentar a los
países a atraer inversiones productivas, y su
responsabilidad individual debería ser la de asegurar el
buen desempeño. Su fin común debería ser
aumentar los incentivos que aseguren la efectividad. El centro de
atención de sus esfuerzos financieros individuales
debería ser los 80 o 90 países más pobres del
mundo que carecen de acceso al mercado de capitales. Todas las
transferencias de recursos a países que gozan de acceso al
mercado de capitales (como lo denota una calificación de
grado de inversión en bonos internacionales) o con un
ingreso per cápita de más de U$S 4,000, serán
eliminadas gradualmente durante los 5 años siguientes. De
los U$S 2,500 en adelante (de ingreso per cápita), la
asistencia oficial estaría limitada. (Los valores del
dólar deberían ser indexados.) Los préstamos
de emergencia serían responsabilidad del FMI en su calidad
de cuasi prestamista de última instancia. Esta
recomendación asegura que la asistencia para el desarrollo
se sume a los recursos disponibles (adicionalidad).
Subvenciones basadas en el
desempeño
Para
los países verdaderamente pobres del mundo, la
provisión de mejores niveles de salud pública,
educación primaria, e infraestructura física, que una
vez fue el centro de atención original de los fondos de
desarrollo, deben volver a convertirse en los puntos de partida
para elevar los niveles de vida. Sin embargo, la pobreza
está muchas veces más arraigada y diseminada en
países en donde gobiernos corruptos e ineficientes socavan
la capacidad de beneficiarse con la asistencia o de pagar la deuda.
Los préstamos a éstos gobiernos son mayormente
desaprovechados, despilfarrados o robados.
En los
países pobres sin acceso al mercado de capitales, las
subvenciones para el alivio de la pobreza deberían ser
pagadas directamente al proveedor del servicio contra la entrega
del comprobante debidamente verificado. Las subvenciones
deberían reemplazar la herramienta tradicional del Banco de
préstamos y garantías para los proyectos de
infraestructura física y servicios sociales. El otorgamiento
de subvenciones debería incrementarse si éstas se
usan eficientemente.
Desde
campañas de vacunación a la construcción de
caminos, desde la alfabetización a la provisión de
agua, los servicios serían llevados a cabo por proveedores
externos del sector privado (incluyendo Organizaciones No
Gubernamentales [NGOs] e instituciones de caridad) así como
por agencias públicas. Los contratos de servicios
serán otorgados por medio de licitaciones competitivas. Las
participaciones fracasadas en proyectos anteriores influirán
negativamente en la posibilidad de participar en futuras
licitaciones. La cantidad y calidad del desempeño
serán verificadas por auditores externos. Los pagos se
harán directamente a los proveedores. Los costos
serán divididos entre los países receptores y la
agencia de desarrollo. El subsidio variaría entre el 10% y
el 90%, dependiendo del acceso a los mercados de capitales y el
ingreso per cápita.
Préstamos para reformas
institucionales
Las
reformas institucionales sientan las bases para la inversión
productiva y el crecimiento económico. Proveen el verdadero
camino a largo plazo para terminar con la pobreza. Estas reformas
tienen más posibilidades de tener éxito si surgen de
decisiones tomadas por los países en desarrollo.
El
marco de los préstamos, con incentivos para la
implementación, debería ser rediseñado para
amoldarse a las necesidades de los países más pobres
que no tienen acceso al mercado de capitales. El gobierno de cada
economía en desarrollo presentaría su propio programa
de reformas. Si la agencia de desarrollo aceptara la propuesta, el
país recibiría un préstamo con una tasa de
interés subsidiada. La magnitud del subsidio de la tasa de
interés variará entre el 10% y el 90%, como en el
caso de las subvenciones financiadas para usuarios finales. Los
préstamos para reformas institucionales en países
pobres sin acceso al mercado de capitales deberían estar
condicionados a la implementación de cambios
específicos en las políticas y en las instituciones y
deberían ser apoyados por incentivos financieros para
promover la continuidad de su implementación.
Deberían nombrarse auditores independientes de los gobiernos
que tomen el préstamo y de los prestadores oficiales, para
que controlen anualmente la implementación del programa de
reforma.
División de responsabilidad
Para
resaltar el cambio en el énfasis, del otorgamiento de
préstamos a la promoción del desarrollo, el nombre
del Banco Mundial debería ser cambiado a Agencia de
Desarrollo Mundial. Se deberían efectuar cambios similares
en los bancos de desarrollo regional.
Las
Agencias de Desarrollo no deberían otorgar préstamos
para crisis financieras.
Todos
los programas nacionales y regionales en América Latina y
Asia deberían ser la principal responsabilidad de los bancos
regionales del área.
El
Banco Mundial debería convertirse en la principal fuente de
ayuda para el continente africano hasta que el Banco Africano de
Desarrollo esté listo para hacerse cargo completamente de
esta responsabilidad. El Banco Mundial sería también
la agencia de desarrollo responsable de los pocos países
pobres que restan en Europa y Medio Oriente.
Las
soluciones regionales que reconozcan los intereses mutuos de
naciones interdependientes deberían ser enfatizadas.
La
Agencia de Desarrollo Mundial debería concentrarse en la
producción de bienes públicos globales y servir como
un centro de asistencia técnica para las agencias de
desarrollo regional. Los bienes públicos globales incluyen
el tratamiento de enfermedades tropicales y del SIDA, la
protección racional de los recursos ambientales, los
programas de agricultura para climas tropicales, el desarrollo de
prácticas de dirección y regulación, y la
infraestructura entre países.
En su
rol reducido, la Agencia de Desarrollo Mundial tendría menos
necesidad de usar su actual capital a la orden (callable capital).
Una parte del capital a la orden debería ser reasignado a
las agencias de desarrollo regional, y otra parte debería
ser reducida de acuerdo con una cartera de préstamos en
disminución. El ingreso por el capital recaudado y las
ganancias retenidas deberían ser asignados para financiar la
creciente provisión de bienes públicos globales.
Anualmente, deberían publicarse evaluaciones independientes
sobre la efectividad de las agencias.
Reducción de la deuda y otorgamiento
de asistencia para los países más pobres
El
Banco Mundial y los bancos de desarrollo regionales deberían
dar por cancelados en su totalidad todos sus reclamos sobre todos
los países pobres altamente endeudados que implementen una
estrategia de desarrollo económico eficaz bajo la
supervisión combinada del Banco. Además, los
acreedores bilaterales, como el gobierno de los EE.UU.,
deberían extender, de manera similar, cancelaciones
completas de la deuda a aquellos países pobres altamente
endeudados que sigan estrategias de desarrollo económico
efectivas.
En
términos más generales, Estados Unidos debería
estar preparado para aumentar sustancialmente su apoyo
presupuestario a los países más pobres si estos
siguen programas de desarrollo económico efectivos. Este
apoyo debería darse en diversas formas: reducción de
la deuda, subvenciones canalizadas a través de las agencias
de desarrollo multilaterales, y asistencia con subvenciones
bilaterales. El nivel actual de asistencia presupuestaria de los
EE.UU. para los países más pobres es de
aproximadamente U$S 6 por habitante (U$S 1,500 millones en total);
por lo tanto, existe margen para un aumento significativo en los
fondos si está justificado por políticas y resultados
apropiados dentro de los países en desarrollo.
El Banco de Pagos Internacionales
Durante sus 70 años de historia el
BPI se ha adaptado bien a los grandes cambios en la actividad
financiera y a las prácticas de los bancos centrales. Su
capacidad de adaptación se debe en gran medida a su limitado
y homogéneo grupo de miembros. Un ejemplo de dicha
adaptación es la manera en que el BPI resolvió
rápidamente el desafío de superar las deficiencias
regulatorias a nivel internacional. El BPI ha demostrado
también su habilidad para convencer a los países
más importantes desde el punto de vista financiero a que
adopten sus estándares.
La
Comisión recomienda que el BPI continúe siendo el que
fije los estándares financieros. La implementación de
los mismos, y las decisiones de adoptarlos, deberían estar a
cargo de los reguladores internos o las legislaturas. El
Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria
debería alinear sus medidas de riesgo más
estrechamente con los riesgos del crédito y del mercado. La
práctica corriente favorece la asignación
errónea de los préstamos.
La Organización Mundial de
Comercio
La OMC
tiene dos funciones principales. Primero, maneja el proceso por
medio del cual se modifican las normas de comercio. Los Ministros
de Comercio (o sus equivalentes) negocian tratados que los cuerpos
legislativos nacionales pueden aprobar o rechazar. Segundo, la OMC
sirve casi como un cuerpo judicial para resolver disputas. Parte de
este proceso involucra el uso de sanciones a países que
violan las reglas del comercio.
Una
determinación cuasi-judicial, cuando se une con una
imposición de sanciones, puede abrumar el proceso
legislativo de un país. A medida que las decisiones de la
OMC afectan a un espectro de temas más amplio, existe un
riesgo considerable de que las mismas pasen por encima de la
legislación nacional en áreas de salud, seguridad,
medioambiente, y otras políticas de regulación. La
Comisión cree que las decisiones cuasi-judiciales de
organizaciones internacionales no deberían suplantar los
actos legislativos nacionales. El sistema de control y equilibrio
entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial debe ser
mantenido.
Las
resoluciones o decisiones de la OMC, o de cualquier otra entidad
multilateral, que extiendan el alcance de compromisos
explícitos en los tratados o acuerdos internacionales,
deberán estar sujetas a los actos legislativos
explícitos del Congreso de los EE.UU. y, en cualquier otro
lugar, de la autoridad legislativa nacional.