El Congreso pronto considerará el proyecto de ley H.R. 2149, conocida como la Ley de Autoridad para la Promoción del Comercio (TPA, Trade Promotion Authority). Conforme a esta autoridad, el Congreso se limita a solamente aprobar o rechazar, sin efectuar enmiendas, los acuerdos negociados por la Administración, con lo cual se amplía la facultad del Presidente para negociar acuerdos comerciales. La TPA es importante porque garantiza a los socios comerciales de Estados Unidos que los tratos hechos con negociadores estadounidenses no sufrirán modificaciones por medio de las enmiendas del Congreso. Sin esa garantía, muchos países no están dispuestos a negociar con EE.UU.
Uno de los grandes desafíos que enfrenta la aprobación de la TPA es la preocupación entre algunos miembros del Congreso por el hecho de que el libre comercio pueda generar una "carrera hacia el fin" de la protección ambiental. Nada podría estar más alejado de la verdad. Las naciones pobres no pueden darse el lujo de dar prioridad a la protección del medio ambiente antes que a los bienes de primera necesidad como los alimentos o el cuidado de la salud. Si las naciones pobres tienen que aumentar la protección ambiental, primero deben aumentar su riqueza. El libre comercio es un componente necesario para acelerar el crecimiento económico, y, por lo tanto, es de importancia fundamental para proveer los medios económicos que permitan a los países adoptar medidas destinadas a mejorar la protección al medio ambiente.
COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE
Algunos grupos ambientalistas se oponen a que se otorgue al Presidente la autoridad para promover el comercio por temor a que los acuerdos de libre comercio sean perjudiciales para el medio ambiente. Estos grupos, por lo tanto, insisten en que la TPA exija que las partes involucradas mantengan normas ambientales mínimas y que las mismas se hagan cumplir mediante sanciones comerciales obligatorias a aquellos que las infrinjan.
Si bien el objetivo de los grupos ambientalistas es loable, su estrategia no dará como resultado una mayor protección al medio ambiente entre los socios comerciales de Estados Unidos, sino que reducirá las posibilidades de negociar futuros acuerdos de libre comercio, ya que pocos países están dispuestos a dejar que EE.UU. dicte sus políticas ambientales internas.
Incluso el lenguaje del acuerdo de libre comercio de Jordania, que requería que cada país aplique sus propias leyes ambientales o que estén sujetos a los mismos mecanismos de solución de conflictos y a las mismas sanciones que corresponden a una violación de un acuerdo comercial, es inaceptable para muchas naciones. En lugar de promover la causa de la protección ambiental, esta estrategia simplemente castigará a los consumidores estadounidenses y extranjeros, quienes se podrían haber beneficiado con los precios más bajos de los bienes comerciados internacionalmente.
Aun cuando los acuerdos comerciales fuesen forjados con las restricciones ambientales que buscan los que se oponen a la TPA, es probable que, en lugar de promoverla, socaven la protección ambiental en países en desarrollo. Los países que tienen mayores ingresos tienen más posibilidades de afrontar los costos de la protección ambiental. La imposición de dichos estándares sobre las naciones más pobres las coloca frente a una encrucijada: pagar la protección ambiental o pagar productos de primera necesidad como los alimentos o la atención de la salud.
Según lo ilustra el Dr. Alan Moghissi, Presidente del Institute for Regulatory Science, en su testimonio ante la Comisión de Asesoramiento para las Instituciones Financieras Internacionales (la Comisión Meltzer), "¿Cómo se le explica a un padre que vive en la selva tropical brasileña, que es pobre, tiene hijos enfermos y tiene hambre, que no debe cortar árboles porque puede afectar a la biodiversidad?". Hasta que no se aborde el tema subyacente de la pobreza, agrega el Dr. Moghissi, "la pobreza [será] el equivalente a una exposición al contaminante más tóxico."
La clave para incrementar la protección ambiental en las naciones en desarrollo es incrementar el crecimiento económico. A medida que el nivel de vida de un país sube, producto de la liberalización económica y la expansión del comercio, su industria cuenta con mayores recursos para controlar las emisiones y sus ciudadanos tienen más ingresos para destinarlo hacia la mejora de la calidad ambiental.
El libre comercio es un componente central para aumentar el crecimiento económico. Al abrir los mercados y generar más oportunidades de negocios, el libre comercio fomenta el crecimiento de la economía recompensando la toma de riesgos, permitiendo un incremento en las ventas, los márgenes de ganancias y la participación en el mercado. Las empresas pueden decidir seguir construyendo sobre la base de esas ganancias, expandiendo sus operaciones, el ingreso a nuevos sectores del mercado y la creación de empleos mejor remunerados".
La liberalización total de la economía, comenzando con una política comercial abierta, es la estrategia de preservación ambiental más efectiva porque, junto con el libre comercio, conlleva directamente a la aceleración del crecimiento económico. Específicamente, la evidencia demuestra que:
- Las sociedades más ricas tienen más posibilidades de exigir e implementar una mayor protección ambiental, porque cuentan con más recursos para cubrir los costos de esas políticas. Estas sociedades no sólo están mejor preparadas para financiar la protección ambiental, sino que también han demostrado desear esa protección, deseo que aumenta a medida que crecen los ingresos. Esta relación está respaldada por la exhaustiva evidencia publicada por el National Bureau of Economic Research. Gene M. Grossman y Alan B. Krueger, por ejemplo, llegaron a la siguiente conclusión:
La polución parece elevarse cuando el PBI está en bajos niveles de ingresos, pero a la larga alcanza un pico máximo, y luego disminuye con el PBI en niveles más altos de ingresos... Observamos que el crecimiento económico produce una fase inicial de deterioro seguido por una fase subsiguiente de mejoría.
Además, Estados Unidos es un ejemplo de la elasticidad del gasto destinado a la protección ambiental. Debido a que los ingresos han crecido las últimas tres décadas, EE.UU. ha aumentado el "gasto real del gobierno y las empresas destinado al medio ambiente, y la protección de los recursos naturales se ha duplicado".
- Los países con economías libres generalmente poseen una política ambiental más sostenible. En enero de 2001, el Foro Económico Mundial (WEF, World Economic Forum), el Centro para la Red Internacional de Información sobre la Ciencia de la Tierra (CIESIN, Center for International Earth Science Information Network) y el Centro para la Ley y la Política Ambientales de la Universidad de Yale publicaron un índice de Sostenimiento Ambiental (ESI, Environmental Sustainability Index). Este índice asigna un número del 0 al 100 al estado del medio ambiente de un país; el cero corresponde a un sostenimiento bajo y el 100 a uno alto. Este número representa el éxito que ha obtenido un país al hacer frente a los desafíos ambientales y al cooperar con otros países en el manejo y la mejora de los problemas ambientales comunes.
El Gráfico 1 ilustra la relación entre los puntajes del ESI y del índice de Libertad Económica 2001 de The Heritage Foundation y Wall Street Journal. El gráfico muestra una fuerte relación entre la libertad económica y el sostenimiento ambiental. Cuanto más libre es la economía, mayor es el nivel de sostenimiento ambiental.
Estados Unidos es un clásico ejemplo del impacto beneficioso que tiene la libertad económica sobre el medio ambiente. Durante décadas, este país ha sido campeón de la economía libre mientras que, simultáneamente, ha mantenido, en promedio, uno de los medio ambientes más limpios del mundo.