Heritage Foundation Leadership for America

Los problemas que socavan la estabilidad andina

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú son parte de la región montañosa andina ubicada en el noroeste de América del Sur. La agricultura, la minería y el petróleo, seguidos por la pesca, constituyen los principales sectores económicos de la región. 2 Colombia, Ecuador y Perú gozan de acceso al Océano Pacífico, lo que les facilita el transporte de productos y contribuye al desarrollo de la industria pesquera. Bolivia, un país sin salida al mar, cuenta con ricos yacimientos de zinc, plata y estaño, así como también petróleo e importantes reservas de gas natural. Sus valles semitropicales son propicios para el cultivo de una variedad de productos. 3 A pesar de esta cantidad de recursos, sin embargo, estos países andinos siguen padeciendo grandes dificultades debido a las políticas económicas históricamente deficientes y a la inestabilidad política.

El crecimiento económico en América Latina probablemente manifestará una desaceleración en el año 2002, junto con una disminución del crecimiento económico global y la recesión en EE.UU. Esto será a continuación de las bajas en la productividad registradas el último año. Según el Banco Mundial, "El crecimiento del PBI en América Latina y el Caribe [descendió] al 0,9 por ciento en 2001, cifra inferior al 3,8 por ciento registrado en 2000". 4 No obstante, como observa el Banco, "algunas condiciones domésticas adversas" son las responsables por esta falta de crecimiento. Por ejemplo:

• Todos los países andinos han experimentado inestabilidad política. Bolivia, Ecuador y Perú tienen una historia de gobiernos militares y golpes a sus gobiernos civiles. Colombia, la democracia más antigua de América latina, lucha contra las guerrillas cada vez más poderosas, en particular las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Aunque los cuatros países tienen democracias electorales, diversos factores socavan la estabilidad política: la corrupción, los grupos de interés, el oportunismo político y --en el caso de Colombia-- un movimiento guerrillero que existe desde hace 38 años.
• Mientras que Perú derrotó a sus guerrillas y redujo los cultivos relacionados con las drogas, Colombia no lo ha hecho. El grupo guerrillero Sendero Luminoso comenzó a operar en Perú a principios de la década de 1980. Para 1988, acciones conjuntas de la policía y el ejército habían capturado a los principales comandantes. En 1992, el dramático arresto del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, puso fin a la actividad rebelde por el momento, aunque sacrificando en alguna medida el estado de derecho. Al eliminar el respaldo de las guerrillas a los narcotraficantes, fue más fácil para el gobierno poner también a estos últimos en su mira. Colombia, por el contrario, prefirió apaciguar a los grupos guerrilleros, hasta el punto de ceder a las FARC el control de un territorio del tamaño de Suiza, en 1998. Informes recientes indican que los avances logrados por Perú están siendo socavados por las actividades relacionadas con la guerrilla y las drogas que se filtran desde Colombia, demostrando así el efecto corrosivo que los problemas de este país ejercen sobre la región. 5
• Los cuatros países andinos han liberalizado sus economías sólo parcialmente. Si bien han hecho algunos progresos en la privatización de las empresas estatales, la liberalización de los precios y alguna desregulación, principalmente en Bolivia y Perú, los cuatro países se encuentran agobiados por la corrupción, una burocracia onerosa y una regulación excesiva. Bolivia, Colombia y Perú se ubican entre el tercio de países mejores clasificados en el índice de libertad económica 2002, el cual mide el nivel de libertad económica de 161 países calificando sus economías sobre una escala de 1 ("libre") a 5 ("reprimida"). Todos fueron incluidos en la categoría "mayormente libre". Ecuador es el país que menor progreso ha hecho en la liberalización de su economía; su puntaje general empeoró de 3,2 en 1995 a 3,45 en 2002. 6
• Ninguno de los países andinos protegen adecuadamente los derechos de propiedad. Para que los beneficios de la liberalización puedan echar raíces, la protección de los derechos de propiedad es fundamental. Una protección débil de estos derechos obstaculiza la inversión, debilita las libertades civiles y alienta la corrupción. Este problema asola en los cuatro países: en el índice de libertad económica 2002, todos los países andinos recibieron el puntaje anterior al peor en los derechos de propiedad. Sin embargo, un estado de derecho débil afecta en particular a Colombia, donde los grupos guerrilleros intimidan y sobornan a jueces y fiscales. 7
• Los cuatros países están excesivamente regulados, lo que inhibe la economía, perpetúa la pobreza y alienta la corrupción. La regulación excesiva obliga a las compañías y los ciudadanos comunes a sobornar a los funcionarios del gobierno para poder obtener licencias y otra documentación. Es una situación muy frustrante y costosa, lo que obliga a muchas personas pobres a salir de la economía legal. Como explica el economista Hernando de Soto en El Misterio del Capital, "[los pobres] no quebrantan tanto la ley como la ley los quebranta a ellos --y eligen salirse del sistema". 8 Los pobres no pueden usar sus salarios y posesiones como garantía para obtener créditos para realizar inversiones y comprar cosas a plazos. La regulación excesiva funciona como una trampa de pobreza que crea altos costos para operar en la economía legal (en la cual el pobre carece de los medios para conseguir los servicios gubernamentales) y en la economía ilegal (en la que los pobres no pueden utilizar su capital de manera eficiente). 9 Los cuatro países tienen problemas con la regulación excesiva y la burocracia que dificultan la inversión y el comercio. 10

La inestabilidad política, el estado de derecho débil y la regulación excesiva han socavado todos los beneficios que la liberalización del mercado podría generar para los países andinos, pero éstos, al igual que la mayor parte de América Latina, han encarado estos problemas sólo de manera renuente. Además, la liberalización ha tenido poco impacto en el desmedido crecimiento del sector público. Como explica Mary O'Grady, editora de la columna "Americas" del Wall Street Journal, "El intento latinoamericano de reforma...ha demostrado que los esfuerzos para ajustar la economía sin limitar el [tamaño del] gobierno equivalen a trabajar en el motor de un auto que no tiene ruedas". 11

LECCIONES PARA UNA ESTRATEGIA ANDINA EXITOSA

La estabilidad de la región andina y la eliminación del comercio de drogas ilegales son de interés para Estados Unidos. Aunque las naciones andinas comparten deficiencias económicas similares, la inestabilidad política crónica y la erosión del estado de derecho en Colombia superan a las de sus vecinos, principalmente debido al creciente poder de los narcotraficantes y los grupos guerrilleros, lo cual requiere que EE.UU. aborde el tema con una política diferente.

La seria amenaza que representan las guerrillas y el narcotráfico se extiende mucho más allá de la región andina. (Ver texto en cuadro, "Los problemas de Colombia: doble amenaza a la estabilidad internacional".) Como manifestara la Administración Bush,

Los cárteles de la droga se encuentran entre los grupos delictivos más poderosos que alguna vez operaron en suelo norteamericano. Ningún esfuerzo para detener a estas poderosas organizaciones puede tener éxito sin la capacidad de dar un golpe a los jefes del cártel y de llegar hasta la actividad delictiva que no reconoce límites nacionales. Estas poderosas organizaciones delictivas también representan una amenaza para nuestros aliados democráticos de todo el Hemisferio Occidental. 12

La cooperación entre la industria de drogas ilegales y los grupos guerrilleros ha creado un ámbito donde no rige la ley y que genera una enorme inestabilidad en la región andina, ya que ambos grupos luchan por incrementar sus operaciones, su riqueza y poder. 13 Lo que es más importante aún, estos grupos están financiando el terrorismo internacional. El Senador del Congreso de EE.UU., Orrin Hatch (R-UT), ha observado que "las organizaciones terroristas habitualmente lavan el dinero proveniente del narcotrífico y utilizan esos fondos para financiar y expandir sus operaciones internacionalmente, que incluyen la compra y el trífico de armas ilegales". 14

Los esfuerzos de Norteamérica por tratar los asuntos de seguridad nacional mediante el incremento de la paz y la seguridad en la región y el control del narcotráfico han sido obstaculizados en la última década por:

• El apoyo ciego de EE.UU. a las negociaciones de paz de Colombia. La multifacética guerra que se desarrolla en Colombia involucra al gobierno, numerosos grupos guerrilleros y paramilitares y narcotraficantes, con la población civil atrapada en el medio. En 1998, para apaciguar a los insurgentes y negociar el cese de hostilidades, el presidente Andrés Pastrana cedió al grupo rebelde más importante, las FARC, un territorio del tamaño de Suiza que serviría como "santuario". Dos meses más adelante, inició lo que llamó un diálogo de "paz", una serie de conversaciones sin fecha de conclusión que fueron consideradas como audaces e innovadoras.

  La Administración Clinton respaldó la iniciativa de Pastrana para negociar la paz con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como también la decisión, sin precedentes, de ceder a las guerrillas el control de una enorme porción del país. La comunidad europea también defendió el diálogo intermitente con los grupos rebeldes. Además participó de las negociaciones que comenzaron en marzo pasado entre las FARC, un representante de las Naciones Unidas y el negociador de paz del gobierno de Colombia.

  El proceso de paz no logró poner fin al conflicto. Por el contrario, las guerrillas utilizaron su territorio para dar golpes contra la milicia colombiana, secuestrar y matar civiles y establecer sus propios cultivos de drogas ilícitas. En agosto de 2001, tres miembros del Ejército Republicano Irlandés fueron descubiertos asesorando a las tropas de las FARC sobre cómo fabricar bombas y construir minas antipersonales dentro del santuario. 15 Un avergonzado Pastrana ordenó a los militares patrullar el perímetro, realizar vuelos de vigilancia e impedir que extranjeros ingresen a la zona. El 14 de enero de 2002, diplomáticos del grupo observador y el enviado de la ONU, James LeMoyne, salvaron el proceso con otro cronograma para el cese del fuego. 16 Antes de que la tinta de este acuerdo se secara, sin embargo, las FARC dinamitaron una estación de policía ubicada fuera de la zona de seguridad, mataron a un guardia y liberaron a 39 reclusos de una prisión cercana a Bogotá y volaron dos torres de alta tensión. 17

  Desde entonces, el deterioro de la situación y la intransigencia de los grupos guerrilleros han obligado al gobierno colombiano a finalizar las negociaciones de paz. 18 Según el experto de seguridad de Colombia, Alfredo Rangel, "para las FARC, la negociación sigue siendo una táctica política dentro de la guerra" --una guerra que cree que puede ganar. 19 La intransigencia de las FARC ha convencido al gobierno colombiano de que el proceso de paz está claramente condenado porque las guerrillas no quieren paz, quieren victoria.

  La Administración Bush revisó las políticas estadounidenses para la región heredadas de la Administración Clinton, aunque no hizo modificaciones significativas a las mismas. Según una hoja informativa de febrero de 2001 del Departamento de Estado de EE.UU.,

  La política de EE.UU. en Colombia es apoyar los esfuerzos del presidente Pastrana para encontrar una solución pacífica al prolongado conflicto civil del país.... Hasta que no se resuelva el conflicto civil del país, será más difícil conseguir un progreso sostenido en los demás frentes: la reducción del suministro de drogas, la protección de los derechos humanos y la promoción de la democracia y el desarrollo económico. 20

Esta estrategia también está condenada al fracaso debido a que las guerrillas no quieren paz, quieren victoria, que depende en gran parte de los ingresos generados por sus alianzas con los narcotraficantes.

La inestabilidad política crónica y la erosión del estado de derecho en Colombia socavan la efectividad de los esfuerzos de liberalización económica. Hasta que no se restablezca la autoridad del gobierno en todo el país mediante la derrota de los grupos guerrilleros y el control del tráfico de drogas, sus políticas económicas seguirán siendo una cuestión secundaria. La Administración Bush debería reconocer que no sirve de nada poner presión para avanzar las negociaciones de paz con grupos que no tienen interés en volverse parte de la sociedad colombiana pacífica y que acata la ley. También debería apoyar los esfuerzos del gobierno de Colombia para recuperar el control del territorio y restablecer la ley y el orden.

• Una estrategia comercial errada. La política norteamericana de comercio para la región andina tomó como eje a la Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA), convertida en ley en 1991 por el Presidente George H.W. Bush. A pesar de una década de buenas intenciones, la ATPA no logró su objetivo, el cual el Representante de Comercio de EE.UU describe como:

  una herramienta de la política comercial estadounidense que contribuye a nuestra lucha contra la producción y el tráfico de drogas. Al fortalecer las economías legítimas en estos países andinos y crear alternativas viables al rentable negocio de las drogas, la ATPA resultó ser un componente importante de los esfuerzos por contener la propagación de estas actividades ilícitas. 21

  La ATPA no logró ser un incentivo para la reducción del cultivo neto de coca (cultivo de coca menos la erradicación) en la región andina. Desde su aprobación, el cultivo total de drogas en la región andina prácticamente se mantuvo sin cambios 22 y sólo se logró que la producción de Perú y Bolivia se desplazara a Colombia. 23 (Ver Gráfico 1.) En Perú, el cultivo neto de coca se redujo en un 60 por ciento y en Bolivia, un 45 por ciento. 24 Sin embargo, el cultivo de coca en Colombia, aumentó en un 226 por ciento durante dicho período. 25

  A pesar del aumento del comercio entre EE.UU. y los países andinos, no se puede considerar a la ATPA como un acuerdo comercial exitoso, por dos motivos: en primer lugar, el crecimiento anual promedio del comercio entre Estados Unidos y los países andinos desde la aprobación de la ley fue inferior al crecimiento promedio del comercio entre Estados Unidos y el resto del mundo durante dicho período y está muy por debajo del crecimiento del comercio entre Estados Unidos y sus socios de libre comercio. (Ver Gráfico 2.) En segundo lugar, mientras el crecimiento del comercio entre EE.UU. y los países andinos se mantuvo más estable luego de la aprobación de la ATPA, la línea de tendencia ilustrada en el Gráfico 3 muestra que, antes de la ATPA, el comercio andino crecía de manera más rápida que después de su aprobación. En conclusión, cualquiera sea el éxito que pudo haber tenido la ATPA, no ha sido el éxito que anticipaban quienes la apoyaron.

  El motivo: la ATPA es un acuerdo limitado incapaz de eliminar todas las barreras comerciales existentes entre los países andinos y el mercado estadounidense. De hecho, sólo el 10 por ciento de las importaciones de los países andinos ingresa a Estados Unidos exclusivamente bajo las cláusulas de la ATPA, 26 y la ley no elimina las barreras para muchos de los productos que son particularmente importantes para los países andinos, incluyendo artículos de la industria textil y de la indumentaria, ron y azúcares, jarabes y productos que contienen azúcar. 27 Un acuerdo de libre comercio sería una mejor solución que la ATPA dado que permitiría la eliminación de todas las barreras que obstaculizan artificialmente las oportunidades económicas, haría que los beneficios del comercio fueran permanentes y, por consiguiente, conseguiría reducir los riesgos de los inversionistas que tomar decisiones a largo plazo. 28

• Dedicación política desigual para la eliminación del tráfico de drogas y la derrota de grupos guerrilleros. El comercio de drogas ilegales se convirtió en una actividad lucrativa muy rentable para la guerrilla y el terrorismo de todo el mundo, especialmente en Colombia. Los narcotraficantes de este país les pagan a los grupos guerrilleros para que los dejen transportar las cosechas y procesar las drogas en áreas controladas por la guerrilla (en la actualidad, estas áreas representan un 70 por ciento del país). 29 Las FARC financian ampliamente sus actividades guerrilleras a través de secuestros y mediante la protección a narcotraficantes. 30

  La lucha contra la industria de drogas ilegales a través de la prohibición y el desaliento del consumo es muy difícil, dado que el negocio de drogas ilegales es tan rentable que los productores y los narcotraficantes pueden pagar un precio más alto por la coca y la amapola para compensar toda rentabilidad mayor proveniente de cultivos legales. (Ver el texto en el cuadro: "Cultivo para la subsistencia en la región andina".) Para luchar contra esta tendencia se necesitará de una estrategia que también desaliente el cultivo.

  En Perú y Bolivia, el cultivo de coca disminuyó durante la década del 90 debido a que los dirigentes de dichos países llevaron a cabo planes con el fin de combatir el cultivo y las actividades de la guerrilla. El presidente de Bolivia, Banzer, emprendió una agresiva erradicación de la coca y el ex presidente peruano, Fujimori, derrotó la guerrilla con eficacia en Perú y, luego, erradicó la mayor parte del cultivo de coca.

  Mientras tanto, en Colombia el cultivo de coca aumentó dado que el gobierno no logró establecer un plan integral con el fin de eliminar las guerrillas y los narcotraficantes. Además, la ayuda financiera de EE.UU. se interrumpió en gran medida durante la presidencia de Ernesto Samper como consecuencia de las denuncias que lo acusaban de aceptar contribuciones de narcotraficantes para su campaña. Entretanto, los narcotraficantes y las guerrillas establecieron una relación simbiótica que fortaleció a ambos grupos. Actualmente, las guerrillas y los grupos paramilitares por igual proporcionan una valiosa protección que permite una mayor rentabilidad del comercio de drogas. Las guerrillas y los grupos paramilitares utilizan las ganancias obtenidas gracias a esta actividad para la compra de armas y equipos para ampliar su poder e influencia.

Las lecciones de la década pasada son claras: la erradicación del cultivo de drogas ilegales en la región andina requiere (1) voluntad política de parte de los gobiernos andinos; (2) el cambio de políticas que facilitan la proliferación de las guerrillas y el narcotráfico (es decir, un estado de derecho débil y economías parcialmente cerradas); y (3) la reducción, mediante un acuerdo de libre comercio, de las barreras comerciales norteamericanas a los productos andinos sobre los que tienen una ventaja comparativa.

QUÉ DEBERíA HACER ESTADOS UNIDOS

Los grupos guerrilleros y los narcotraficantes no experimentaron ningún revés que los hiciera reconsiderar su exitosa estrategia que incluye asesinatos y secuestros de opositores, opresión de campesinos y alianzas con otros grupos terroristas. Por este motivo, no sólo representan una seria amenaza para la erradicación de drogas en la región, sino también, y fundamentalmente, una amenaza para la estabilidad en la región andina y la seguridad nacional de EE.UU. Esta amenaza es financiada por el terrorismo internacional y debe ser contrarrestada. 31

Para eliminar esta amenaza cada vez mayor, la Administración Bush debería adaptar su estrategia en la región andina para:

• Apoyar la lucha de Colombia contra la guerrilla, los grupos paramilitares y los narcotraficantes. Dado que la amenaza de grupos rebeldes aumentó en Colombia durante la década del 90, las autoridades decidieron apaciguar a las guerrillas, ignorándolas hasta tanto no perturbaran la vida en las ciudades. Esta estrategia, de poca visión, dejó al gobierno a merced de los rebeldes. A medida que las guerrillas aumentaban su poder, también aumentaba la amenaza para la seguridad que éstas representaban, un problema que actualmente es más importante que el de la droga. La contribución mediocre de Washington a la lucha contra el narcotráfico y su apoyo al defectuoso proceso de paz del presidente Pastrana, mediante el cual se concedió un territorio al mayor grupo de rebeldes, no surtieron demasiado efecto.

  Dada la gravedad de la situación de la seguridad en Colombia, la Administración Bush debería apoyar la decisión del gobierno colombiano de comenzar a establecer el orden público en todo el territorio nacional con el fin de proteger a los ciudadanos de la violencia y el terrorismo. A pesar de que durante los últimos tres años las fuerzas armadas colombianas y la policía de este país mejoraron su entrenamiento y se hicieron más profesionales, sus números y capacidades de movilización siguen siendo insuficientes para enfrentar la amenaza de una fuerza guerrillera de gran movilidad. Estados Unidos debería destinar a Colombia capacitación, equipos y asistencia de seguridad adicionales para llevar a cabo dicho plan. Dado que la ilegalidad reinante es el problema principal, el Congreso debería eliminar las restricciones al uso de la asistencia y los equipos donados por EE.UU. de manera que puedan utilizarse en contra de todos los que infringen la ley, no sólo de aquellos definidos tras minucioso análisis como narcotraficantes. Además, la Administración debería destinar asistencia para la seguridad a los vecinos de Colombia, para que puedan defender su territorio contra los efectos de la deteriorada situación de este país.

• Ayudar a Ecuador, Perú y Bolivia en la búsqueda de maneras de fortalecer el estado de derecho con el fin de eliminar la corrupción y preservar las reformas. El fortalecimiento del estado de derecho y la reducción de la corrupción son esenciales para mantener el crecimiento económico que debe seguir a la liberación del mercado. 32 Bolivia y Ecuador han iniciado por sí solos reformas para separar las funciones judiciales y de enjuiciamiento y establecer procesos de acusación transparentes en sus poderes judiciales. 33 Perú debería ser alentado a hacer lo mismo.

  Sin embargo, el fortalecimiento del estado de derecho debe ir más allá de los tribunales. Según Andrzej Rapaczynski, profesor de Derecho de la Universidad de Columbia, para que el estado de derecho sea eficaz las leyes deben adaptarse a las necesidades sociales y económicas de la mayoría de la población. 34 Por ejemplo, si una persona debe trabajar ilegalmente en el mercado negro dadas las costosas y complejas regulaciones laborales a las que debe atenerse el empleador, los legisladores locales deben simplificar dichas regulaciones de manera que los empleadores puedan ofrecer empleos legales. En este aspecto, Perú, Ecuador y Bolivia deben rever sus leyes con el fin de integrar al sector informal. En un estudio de los factores determinantes del desarrollo económico, Richard Roll y John Talbot de la Anderson Business School de la Universidad de California - Los Ángeles dicen que "los países en vías de desarrollo posiblemente no necesitarían demasiada ayuda externa si contaran con derechos de propiedad adecuados. Las economías de estos países podrían resurgir desde adentro." 35

  A pesar de que el proceso debe ser interno, Estados Unidos puede contribuir proporcionando experiencia técnica, como por ejemplo con expertos del Departamento de Justicia de EE.UU. y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), sobre las reformas que deben realizar estos países en los sistemas judiciales y aplicación de la ley. Si contaran con un estado de derecho más sólido, Bolivia, Perú y Ecuador podrían construir y sostener elementos clave en una estrategia a largo plazo para detener a los narcotraficantes y grupos guerrilleros a través de la reducción de la corrupción, el fortalecimiento de la estabilidad política y la protección de la prosperidad conseguida mediante una mayor liberalización económica.

• Convertir la ATPA de un acuerdo antidroga a un acuerdo de libre comercio para Bolivia, Ecuador y Perú. En su estructura actual, la ATPA tiene defectos. Limita el acceso al mercado norteamericano de muchos productos que son de particular relevancia para los países andinos, incluyendo artículos de la industria textil y de la indumentaria, ron y azúcares, jarabes y productos que contienen azúcar. 36

  Estados Unidos debería transformar la ATPA mediante la negociación de un acuerdo de libre comercio con Bolivia, Ecuador y Perú, países que se han comprometido a eliminar de su territorio el comercio y el cultivo relacionados a las drogas y/o actividades de la guerrilla. Este acuerdo debería estar listo incluso antes de la conclusión de las negociaciones sobre el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en el año 2005. 37 Colombia debería integrarse a este acuerdo de libre comercio luego de haber demostrado su compromiso en la eliminación de las guerrillas y los narcotraficantes.

  La prosperidad lograda mediante un verdadero acuerdo de libre comercio con Estados Unidos --que les permita a estos países acceder libremente al mercado estadounidense de productos legales-- aumentaría en la medida que aumente la inversión y el comercio. Esto, a su vez, debilitaría los incentivos para cultivar productos ilegales. Además, un acuerdo de libre comercio motivaría a los dirigentes de esos países a seguir trabajando para mantener los esfuerzos anteriores de erradicación de la guerrilla y/o las drogas ilegales. Para resumir, si el Congreso y la Administración lograran eliminar las restricciones comerciales que socavan la eficacia del ALCA, un acuerdo de libre comercio surtiría efectos más duraderos.
  

CONCLUSIÓN

Antes de que el deterioro sea mayor, la Administración Bush debería preocuparse por el caos potencial de la región andina y actuar de inmediato para adaptar las políticas en función de los diversos problemas que enfrenta la región. Los grupos guerrilleros de Colombia tienen cada vez más poder y cada vez cooperan más con los narcotraficantes, y juntos se han convertido en un elemento desestabilizador en toda la región. Muchos ignoran que es América Latina, no el Oriente Medio, la región del mundo donde tuvo lugar la mayor cantidad de actividades terroristas en el año 2000, 38 y que los narcotraficantes y la guerrilla de esta región fortalecen continuamente los lazos con el terrorismo internacional, permitiendo así la financiación de sus actividades. Con el fin de eliminar la amenaza de los grupos paramilitares y la guerrilla, al igual que el cultivo de drogas ilegales, y lograr la estabilidad política de la región andina, Estados Unidos debe reconocer las nuevas realidades de dicha región y rever su estrategia andina.

Se debería alentar y reforzar las reformas positivas en Bolivia, Ecuador y Perú con la transformación de la ATPA en un tratado de libre comercio con dichas naciones. De esta forma, se alentaría a estos países a avanzar la liberalización de la economía y el fortalecimiento del estado de derecho. La gravedad de la situación en Colombia requiere del apoyo de la Administración a la lucha del gobierno colombiano contra los grupos guerrilleros. Cuando el gobierno colombiano demuestre su compromiso en la eliminación de las guerrillas y los narcotraficantes, Estados Unidos debería integrar a Colombia en una agenda económica más amplia y un acuerdo de libre comercio con Bolivia, Ecuador y Perú.

Ana I. Eiras es Analista de Politica Económica para América Latina en el Centro de Comercio Internacional y Economía (CITE); John C. Hulsman, Ph.D., es Research Fellow en Asuntos Europeos; Stephen Johnson es Analista de Politica Pública para Amèrica Latina, en el Instituto de Estudios Internacionales Kathryn y Shelby Cullom Davis; y Brett D. Schaefer es Fellow "Jay King